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| 21-07-2016 |
| LAGO SE PRONUNCIÓ EN FUNCIÓN DE LA RENUNCIA DE DILEGO |
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El intendente manifestó su acompañamiento y expuso que rechaza la interpretación que se hizo en función del caso del concejal. |
Ante la renuncia que debió presentar Miguel Dilego a su banca de concejal por incompatibilidad, señalada a partir de que no puede ejercer esa función si está recibiendo una jubilación por su condición de diabético, el intendente Municipal Germán Lago se solidarizó con el dirigente de la oposición a través de una carta que a continuación reproducimos:
“Como Intendente del Partido de Alberti y también como ciudadano, quiero expresar mi solidaridad y público acompañamiento, ante la injusta situación que está padeciendo, el Concejal Miguel Ángel Dilego.
Por encima de cualquier divergencia política o ideológica, que en algunas ocasiones nos colocan en veredas opuestas, está el respeto esencial por la persona, por el ser humano, en su dignidad y en la defensa del pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.
En ese sentido es que también expreso mi más enérgico rechazo a la interpretación que se ha realizado del marco normativo vigente para impedir su continuidad como Concejal.
Repugna la supremacía de los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución de cualquier reglamentación que restrinja la posibilidad de participación ciudadana, o de representación de la ciudadanía. En el caso, el análisis y conclusión arribada por el organismo de la seguridad social, resulta abiertamente discriminatoria y por lo tanto inconstitucional, vulnerando la soberanía popular expresada libremente en las últimas elecciones.
No abastece el principio de equidad sostener que el ejercicio de una carga pública de representación política, pueda ser incompatible con la percepción de un beneficio previsional por invalidez.
Soy un convencido que a través de la libre participación ciudadana, del involucramiento en la vida de la comunidad, la joven democracia que entre todos estamos construyendo se ve fortalecida.
Cualquier norma legal o reglamentación que restrinja o limite esa posibilidad ciudadana de involucrarse en la cosa pública, será inevitablemente inconstitucional, por vulnerar elementales principios y garantías reconocidos en nuestra Carta Magna, en cuya defensa debemos estar comprometidos todos quienes integramos el entramado social”.
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