RUTA 5: LA RADIOGRAFÍA DE UNA URGENCIA VIAL QUE NO PUEDE ESPERAR MÁS
El último relevamiento de la Fundación Estrellas Amarillas, desarrollado junto a estudiantes de la carrera de Criminología de la Universidad Siglo 21 sobre el corredor de la Ruta Nacional N.º 5 entre 2012 y 2026, expone una realidad dolorosa y sistemática: el 92% de las muertes en esta traza se produce por choques frontales.
El relevamiento vuelve a poner sobre la mesa una realidad que ya nadie puede desconocer. Para el análisis se utilizó el mapa interactivo desarrollado por la Fundación, una herramienta que georreferencia los siniestros viales fatales ocurridos sobre este corredor. No son fríos números de una planilla estatal; son historias truncadas y hogares vacíos que delatan el abandono de una de las arterias más peligrosas del país.
La infraestructura actual es el núcleo del problema. Una calzada angosta de apenas 7,50 metros, desprovista de toda separación física entre carriles, vuelve letal cualquier falla de cálculo en los sobrepasos. A esta vulnerabilidad estructural se le suman agravantes letales: velocidades que con frecuencia alcanzan los 180 km/h y una desregulación del transporte pesado que en 2024 ya había eliminado las restricciones horarias, saturando la ruta con camiones a toda hora. El panorama se volvió aún más crítico con el decreto de octubre de 2025 que sumó a los bitrenes en esta arteria, luego de que la Resolución 1196/2025 habilitara su circulación plena en la Red Vial Nacional Argentina, permitiendo el tránsito de unidades de hasta 75 toneladas sin restricciones de horario, salvo en tramos específicos con riesgos viales.
Lejos del mito de la nocturnidad, la tragedia golpea a plena luz del día: el 41% de los fallecimientos ocurre por la mañana y el 33% por la tarde, destruyendo principalmente a una generación productiva, donde los hombres de entre 25 y 34 años componen la franja más afectada.
Frente al freno absoluto de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, la promesa histórica de la autovía quedó sepultada en la incertidumbre.
Sin embargo, la evidencia demuestra que la fiscalización salva vidas. Durante los intensos operativos desplegados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las muertes cayeron a cero gracias al uso de drones y radares. Esas semanas de control permitieron labrar más de 1.700 infracciones por excesos de velocidad y adelantamientos prohibidos, se detectaron a 387 conductores que estaban inhabilitados para conducir y se comprobó un dato alarmante: casi un tercio de los conductores alcoholizados eran choferes profesionales.
Ante un mapa oficial que sufre de un grave subregistro —con estadísticas ciudadanas que triplican las cifras gubernamentales—, la inacción ya no es una opción admisible. Cuando se ocultan cifras y muertes, difícilmente se diagramen o implementen políticas públicas eficaces para salvar vidas. Y el Estado, en su desconocimiento —queremos creer que es así, aunque cada vez cuesta más sostenerlo—, liberó el tránsito de camiones de cualquier porte, cualquier día y en cualquier horario. Más inseguridad vial e inacción, imposible.
